Ley de Factoring


En su calidad de herramienta financiera ampliamente extendida, el factoraje en nuestro país está normado y regulado legalmente. La ley de factoring le brinda un marco de operaciones supervisadas y seguro para quienes interactúan en el mercado y permite delimitar de forma clara los derechos y obligaciones que tienen quienes dan y reciben una factura de venta y quienes, como las empresas de factoring, hacen de intermediarios de éstas.

La ley 19.983 fue publicada a fines de 2004 y está llamada a mantener y fortalecer el mercado de facturas y los documentos mismos que permiten su gestión. Entre otras de sus aclaraciones, la ley de factoring en Chile permite a las empresas contar con obligaciones claras de emisión de facturas y de plazos y modalidades para reclamar su contenido.

Sin embargo, para el mundo del factoring, son vitales las definiciones respecto a los requisitos de cesión y los requerimientos para contar con mérito ejecutivo. En el primer caso, establece que en la copia cedible de factura debe constar un recibo de mercadería o servicios, indicarse el lugar y fecha de entrega de mercadería o prestación de servicio, aclararse nombre completo, Rut y domicilio de comprador o beneficiario y adjuntarse la identificación de la persona que recibe más su firma. De este modo, los activos a ceder quedan claramente sujetos a una normativa que asegura su validez bursátil. Ahora bien, en el segundo caso, el mérito ejecutivo de la factura electrónica o tradicional, también cuenta con un enmarcado en esta ley de factoring. Allí se aclaran requisitos que no debiesen ser difíciles de cumplir para la empresa que ansíe participar del mercado de activos. Para contar con mérito ejecutivo, entre otras cosas, un documento debe ser actualmente exigible, es decir, que esté vencido, para lo cual el emisor de la factura debe dejar constancia en original y en copia de los elementos requeridos.

El mercado de facturas en Chile está normado con solvencia y cuenta con empresas corredoras de amplio respaldo y prestigio con las que la pequeña y mediana empresa pueden trabajar. Asociarse a una compañía de factoraje para mejorar las opciones de liquidez es un acto que habrá de ceñirse también a la ley y ampararse en proveedores que sepan cotizar y revisar sus mejores alternativas económicas para sus activos.